El jueves 14 de junio se debatió en la Asamblea de Madrid sobre la reforma de la ley de presupuestos de 2012 que presentó el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 7 de Junio (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid núm. 67, de 11 de junio de 2012). Los medios de comunicación y los agentes sociales han dado a conocer los recortes y nuevas tasas que se recogen en la misma, pero no se ha destacado lo suficiente que esta reforma de la ley de presupuestos de 2012 supone una modificación parcial de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que permitiría la inmediata ejecución de proyectos de interés general por su relevancia en la creación de empleo e inversión para la región, lo que facilitaría el rápido inicio de las obras del proyecto Eurovegas, demandado por la empresa promotora Las Vegas Sands Corp.
La modificación que se plantea atañe al artículo 33.1 de la ley 9/1995 de política territorial donde se define qué es un “Proyecto de Alcance Regional” (“actuaciones territoriales concretas recogidas en el Plan Regional de Estrategia Territorial y otros instrumentos de Ordenación del Territorio”, instrumentos que por lo demás en Madrid nunca se han concretado, “o cuando por razones de urgencia y excepcional interés público así lo exijan, ordenando y diseñando, con carácter básico y para su inmediata ejecución, obras e instalaciones de carácter regional”). Por lo tanto, actualmente un “Proyecto de Alcance Regional” ya es un excepcionalidad dentro del marco del ordenamiento territorial, pero hasta hoy la declaración de este tipo de proyectos debía estar motivada por su utilidad pública o interés social y no, como ahora se pretende, poder estar motivada por “la implantación de actividades económicas que revistan interés por su relevancia en la creación de empleo, por la inversión que comporten o por la creación de riqueza para la región”, lo que abre la puerta a proyectos privados basados en el lucro e interés particular.
Asimismo otra novedad que recoge esta modificación de la ley es el hecho de que aquellos promotores privados interesados en lograr beneficiarse de la agilidad de un “Proyecto de Alcance Regional” deben solicitarlo en la Consejería de Economía, anteponiendo el interés económico sobre cualquier garantía urbanística, territorial o ambiental. Esta modificación mantendría para este tipo de proyectos privados la misma tramitación que incluye en su artículo 39.1, que tras la declaración de utilidad pública o, en su caso, de interés social será preceptiva la expropiación de los bienes y derechos que resulten afectados y sean necesarios para su ejecución.
A pesar del empeño de Esperanza Aguirre en negar la relación de esta modificación con la llegada del proyecto Eurovegas a Madrid, parece al menos sospechoso que se apruebe una ley que eliminaría cualquier traba administrativa o legal que permita el desarrollo de Eurovegas (o de cualquier proyecto de esta índole), insistiendo en el modelo económico que nos ha llevado a la situación actual, insostenible en los ámbitos social, ambiental y democrático.
